La Fundación Mariano Ruiz Funes retoma el ciclo “Derecho y Sociedad” con una mesa redonda sobre los “Retos de la nueva legislatura: crear empleo digno y estable”. Tendrá lugar el próximo 22 de marzo, a las 19 horas, en el salón de actos del Museo Arqueológico de Murcia (paseo Alfonso X El Sabio, 7 ) Leer más
La consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, presidió el jueves 29 de diciembre la reunión del Patronato de la Fundación Mariano Ruiz-Funes, formada por la Comunidad Autónoma, el Colegio de Abogados de Murcia y la Universidad de Murcia, para hacer balance del año que concluye y establecer las principales líneas de acción a desarrollar en 2017.
La consejera destacó la buena acogida de la conferencia del presidente del Tribunal Constitucional con que se inauguró el curso 2016-2017 y de las tres mesas redondas celebradas dentro del ciclo ‘Derecho y sociedad’, actos a los que asistieron “casi 400 personas, que se interesaron por la conferencia sobre el papel del Tribunal Constitucional en el Estado autonómico y por las mesas redondas sobre ciberdelitos, violencia de género y derechos de los consumidores, celebradas durante el último trimestre del año”.
En consecuencia, María Dolores Pagán remarcó que “terminamos el año, y este primera parte del curso, satisfechos por haber conseguido impulsar la Fundación y renovarla en su 25 aniversario”, y anunció un mayor esfuerzo presupuestario que permitirá ampliar la programación con propuesta de “nuevas mesas redondas que aborden temáticas actuales, como son la mediación, las uniones de hecho, los retos del Derecho del Trabajo o el ‘brexit’, entre otros”.
Además, la Fundación Mariano Ruiz-Funes plantea la creación “de un espacio de debate dirigido a profesionales del derecho, con el objetivo de dar una perspectiva en el ámbito regional sobre cuestiones jurídicas nuevas o controvertidas”, explicó la consejera.
En la reunión se abordó también la mejora permanente de la página web y se recordó que en enero será presentado un nuevo número de la publicación ‘Revista Jurídica’, que alcanza su número 51, todo ello encaminado “a seguir apostando por acercar el derecho a la sociedad”, concluyó Pagán.
La Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia ha rendido homenaje al abogado Felipe Ortega, quien fue secretario general de esta institución y director de la Fundación Mariano Ruiz Funes. El acto tuvo en la tarde del viernes, 16 de diciembre. La emotiva sesión en recuerdo de la figura de Felipe Ortega fue presidida por el catedrático y exrector Juan Roca. En representación de la Fundación asistieron la secretaría general de la Consejería de Presidencia, María Robles, y el director de la Fundación, Pedro Luis Salazar.
Las abogadas Ana María Castejón Blázquez, Raquel Gómez, Laura López Pagán y Miriam Guardiola componen el Equipo Safe Teens, una asociación creada para la prevención y protección del menor frente a los peligros de Internet. Entre sus fines también se encuentran la educación y concienciación de padres e hijos sobre el uso responsable y seguro de las redes sociales y las nuevas tecnologías por parte en menores.
El aludido equipo protagonizó la última sesión del ciclo Derecho y Sociedad, organizado por la Fundación Mariano Ruiz Funes. La cita reunió el martes 15 de noviembre a un nutrido grupo de asistentes, que siguió con notable interés el pormenorizado análisis realizado por las cuatro ponentes sobre cuestiones de gran actualidad como ciberacoso, stalking y dating violence, sexting y sextorsión, control de la imagen del menor, suplantación de identidad, grooming, tecnoadicciones en menores o comunidades peligrosas en línea. También se aludió en la charla, que fue introducida por Helena Rivera, secretaria del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, a los sistemas de control parental, la responsabilidad penal del menor y la responsabilidad civil de los padres.
Las intervenciones arrojaron luz sobre fenómenos sociales muy recientes y cuyo abordaje desde el punto de vista jurídico es aún muy incipiente cuando no inexistente. Así, se explicó en qué consiste el ciberbulling (maltrato que recibe un menor sistemática, continuada y deliberadamente por parte de otro u otros a través de los nuevos soportes tecnológicos) o el stalking (conducta tendente a intentar mantener cualquier tipo de contacto de forma persistente, obsesiva y compulsiva, mediante un acoso persistente, que finalmente derive en daños psíquicos y morales grave para el menor).
También se analizó la dating violence, que define a los comportamientos de control, abuso y violencia física y psíquica en las relaciones de noviazgo, y el grooming, acto delictivo en el que un adulto contacta con un menor, en ocasiones haciéndose pasar por otra persona, hasta ganarse la confianza de éste obteniendo información y sus datos, que posteriormente suele utilizar para obtener su objetivo, su satisfacción sexual, llegando a coaccionarlo en algunos casos.
Asimismo fue objeto de atención por parte de los ponentes la usurpación y la suplantación de identidad en internet, ofreciéndose algunos consejos para tratar de evitar estas situaciones.
Los últimos aspectos abordados hicieron referencia a comunidades peligrosas en la red, que aglutinan a personas que sin un espacio físico donde reunirse, comparten unas interacciones e inquietudes comunes y que están marcadas porque poseen una identidad en Internet. Las hay de numerosos tipos: hábitos no saludables, violencia y odio, autolesiones y adicciones a juegos y apuestas online
Una última referencia tuvo como objetivo explicar qué es el sexting: envío de imágenes o videos con contenido de cierto nivel sexual utilizando para ello el teléfono móvil u otros dispositivos como webcams (sex-casting) y producidas por el propio protagonista de la imagen o, en su caso, con su consentimiento
Los menores tienen a su disposición dispositivos electrónicos y telemáticos a edades más tempranas y, con ello, abierto el acceso a redes sociales y la puerta abierta a todo tipo de peligros y riesgos. Sobre este asunto de tan notoria actualidad versa la próxima sesión del ciclo Derecho y Sociedad, que organiza la Fundación Mariano Ruiz Funes.
Cuatro ponentes, expertas en la materia, tratarán de dar respuestas a cuestiones como: ¿conocemos cuál es la normativa legal?, ¿a qué edad pueden los menores acceder a las redes sociales?, ¿existe algún control de verificación y autentificación?, ¿pueden los padres acceder a las cuentas privadas de sus hijos menores o subir fotografías de menores a internet?, ¿cuáles son los nuevos ciberdelitos a los que los menores están más expuestos?, ¿cuál es la nueva regulación los ciberdelitos que más afectan a los menores: sexting, child grooming, sextorsión, cyberstalking o ciberbullying?.
Las ponencias que se expondrán el martes, 15 de noviembre, a partir de las 19 horas en el salón de actos del Museo Arqueológico, son las siguientes:
*Los peligros de internet y la red en menores y los sistemas de control parental. Responsabilidad penal del menor. Responsabilidad civil de los padres. Apps de contacto y citas en menores, a cargo de Miriam Guardiola Salmerón, abogada y mediadora.
*Los ciberdelitos más frecuentes entre menores: ciberacoso, stalking y dating violence, a cargo de Laura López Pagán, abogada.
*Sexting y sextorsión. Control de la imagen del menor. Suplantación de identidad y otros riesgos, a cargo de Raquel Gómez Gómez, abogada y experta en sexting y control de la imagen del menor en la red.
*Grooming, tecnoadicciones en menores. Comunidades peligrosas en línea, a cargo de Ana María Castejón Blázquez, abogada experta en
Coordinación: Helena Rivera Tortosa, abogada y secretaria del ICAMUR.
Segunda sesión del ciclo Sociedad y Derecho dedicada a analizar las crisis familiares en los juzgados de violencia de género. Con notable asistencia de público, que abarrotó el salón de actos del Museo Arqueológico de Murcia, las dos ponentes invitadas realizaron un pormenorizado análisis de la actividad de uno de los juzgados de violencia de género existentes en la Región.
Los ponentes de la mesa redonda celebrada el martes 25 de octubre fueron Concepción López Gómez, fiscal del Juzgado nº 2 de violencia de género de Murcia, y Fátima Saura Castillo, magistrada del mismo órgano judicial. Actuó de moderadora Carmen Leonor García Pérez, profesora titular de Derecho Civil en Universidad de Murcia, quien se encargó además de la coordinación del debate. García Pérez aludió en su presentación al firme compromiso de las dos ponentes en la lucha contra la violencia de género, que les ha hecho merecedoras de diversos galardones, así como a la labor divulgativa y de concienciación que realizan fuera de la sede judicial, con charlas en institutos y otros centros educativos y ciudadanos.
Concepción López y Fátima Saura ofrecieron en sus intervenciones un minucioso recorrido por la legislación que determina sus respectivas actuaciones como fiscal y como juez, abordando el análisis desde las perspectivas penal y civil, ya que los juzgados de violencia de género se consideran como mixtos el entender de ambos campos jurídicos.
Concepción López se detuvo especialmente en trazar la evolución de la legislación española en la materia, que ha tenido su hito próximo más relevante en la ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en los últimos días de 2014. La sucesión de normas jurídicas han tenido como objetivo del legislador incrementar la protección de la mujer.
Por su parte, la magistrada empleó su turno en explicar qué es y cómo funciona la orden de protección, haciendo hincapié en su condición de estatuto integral dirigido a preservar la integridad de las posibles víctimas y que contempla un conjunto de medidas que van mucho más allá de la mera orden de alejamiento. También aludió al papel de los hijos en los casos de violencia en el entorno familiar y puso de manifiesto el celo que se sigue en los juzgados especializados para su protección. También se mostró partidaria de restituir la figura de la mediación en los procedimientos de violencia de género, que en su opinión podría ser un mecanismo de prevención válido en determinados casos.
Asimismo hizo una encendida defensa de los puntos de encuentro familiar, que consideró herramientas muy valiosas para garantizar la correcta entrega y recogida de los menores por parte de sus padres y que permite, además, observar la relación afectiva entre hijos y progenitores, lo que ofrece información complementaria a los profesionales judiciales encargados de resolver los casos de crisis familiares.
Para saber más
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Observatorio de violencia doméstica y de género
Continúa el ciclo Derecho y Sociedad que organiza la Fundación Mariano Ruiz-Funes. En esta ocasión, el asunto que será analizado por los expertos es el de las crisis familiares en los juzgados de violencia de género. El martes 25 de octubre, a las 19:00 horas, en el salón de actos del Museo Arqueológico de Murcia.
La competencia en materia de crisis del matrimonio corresponde por regla general a los juzgados de familia, dentro de los cuales se adoptan todo tipo de medidas tendentes a ordenar la ruptura del matrimonio (bien sea por cese de la convivencia, separación), bien por ruptura del vínculo (nulidad y divorcio), tales como guarda y custodia de los hijos, atribución de la vivienda familiar, distribución de las cargas familiares, pensiones alimenticias, etc.
Para el supuesto de que exista una denuncia por el delito de violencia de género, dicha competencia y la adopción de medidas corresponde a los juzgados de violencia de género. Se examinará cuándo existe un delito de violencia de género y las consecuencias específicas que en crisis familiares se pueden adoptar.
A ello se añade que todas estas cuestiones no solo se deciden en los juzgados de violencia de género cuando la pareja esté casada, sino que se extiende, de igual forma, a los convivientes de hecho.
Los ponentes de la mesa redonda son Fátima Saura Castillo, magistrada del Juzgado nº 2 de violencia de género; Concepción López Gómez, fiscal del mismo juzgado, y Carmen Leonor García Pérez, profesora titular de Derecho Civil en Universidad de Murcia, quien se encarga además de la coordinación del debate.
Consumidores y usuarios disponen de útiles y variadas herramientas para defender sus derechos antes posibles abusos de las empresas que comercializan productos y servicios. Sin embargo, es preciso incrementar el conocimiento entre los ciudadanos de tales instrumentos, creados para que puedan ejercer una eficaz defensa de sus intereses.
Este fue uno de los argumentos expuestos en la mesa redonda sobre la protección del consumidor, que el martes 4 de octubre abrió el ciclo Derecho y Sociedad que organiza la Fundación Mariano Ruiz Funes. Antes del inicio de las intervenciones de los tres ponentes invitados en esta ocasión, tanto la secretaria de la Consejería de Presidencia, María Robles, en representación de uno de los tres patronos de la Fundación (junto con Colegio de Abogados y Universidad de Murcia), como el nuevo director, Pedro Luis Salazar, aludieron al nuevo rumbo que a partir de este curso toma la institución, que pretende abrirse más a la sociedad de murciana mediante el impulso de actos públicos como el citado ciclo.
La mesa redonda contó con tres ponentes expertos en la materia que se sometía a debate: María Antonia García, abogada especialista en la defensa de consumidores y usuarios; Ignacio Pérez de Ontiveros, presidente de la Junta Arbitral de Consumo, y Carmen Leonor García Pérez, profesora de Derecho Civil y vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, quien también se encargó de coordinar el debate.
María Antonia García relató su experiencia como defensora de los derechos de los consumidores y su trayectoria vinculada a asociaciones ciudadanos de este ámbito. Fue la primera en resaltar la importancia de que consumidores y usuarios reciban una correcta y completa información sobre los productos que compran y los servicios que contratan y, al mismo tiempo, de los derechos que les asisten. “La información es básica para que los consumidores tomen sus decisiones de forma adecuada”, afirmó.
La primera ponente pormenorizó las actividades que generan mayores quejas por parte de consumidores y usuarios, encabezadas por la telefonía móvil. “Los abusos hacia los consumidores se agudizan con la contratación telefónica”, señaló, ya que se hurta información a las personas que pretenden realizar un contrato, por lo que insistió en la conveniencia de pedir a las compañías las condiciones particulares del compromiso contractual y guardar toda la documentación por si surgen problemas posteriores.
En su intervención, María Antonio García aludió también a sectores como banca y seguros, que no están adheridos a las juntas arbitrales, sanidad privada, tintorerías o electrodomésticos.
Ignacio Pérez de Ontiveros, por su parte, se detuvo en analizar el funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Consumo y, muy especialmente, la de la Región de Murcia, constituida hace ya treinta años y que cuenta con más de 9.700 empresas adheridas. Resaltó que estos organismos están orientados a resolver de forma extrajudicial las controversias entre los ciudadanos y las empresas que comercializan productos y servicios. Las decisiones de las Juntas tienen carácter vinculante para las partes y están basadas en la equidad, ya que los árbitros de consumo adoptan las soluciones que consideran más justas. Se trata, en suma, de un procedimiento gratuito, sencillo y rápido (nunca, salvo excepciones, de más de dos meses) para resolver las divergencias entre consumidores y empresas.
El presidente de la Junta Arbitral de Consumo aludió también al esfuerzo que realizan las profesionales de la Administración Regional para incrementar y mejorar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos para la defensa de sus derechos. En esa línea citó el arbitraje virtual (AVIR), implantado desde 2010 en quince municipios de la Región, que permite celebrar los actos de arbitraje mediante videoconferencia, lo que evita los desplazamientos de los interesados. También se refirió a la aplicación Cómo va lo mío, que facilita a los ciudadanos información online en tiempo real sobre el estado de la tramitación de las reclamaciones sobre consumo que tengan presentadas.
Cerró la mesa redonda la profesora Carmen Leonor García Pérez, quien realizó un pormenorizado y crítico análisis de los registros de incumplimiento de obligaciones dinerarias, mucho más conocidos por la denominación de registros de morosos, que son manejados por empresas privadas. A pesar de que están regulados normativamente, la ponente opinó que el empleo de tales registros por parte de las grandes compañías, especialmente las prestadoras de servicios, tiene un carácter abusivo. Apoyó este argumento citando las numerosas sentencias de los órganos superiores de justicia españoles que han dado la razón a ciudadanos incluidos indebidamente en tales registros.
Según García Pérez, los derechos de los ciudadanos más nítidamente afectados por la posible inclusión de sus nombres en los registros de morosos son la difusión de datos personales sin consentimiento previo y los indudables daños en el honor de las personas. A este respecto, recordó que los tribunales han emitido ya numerosas sentencias que incluyen indemnizaciones por parte de las empresas a los ciudadanos cuyo honor se ha visto lesionado.
*Junta Arbitral de Consumo. Región de Murcia
*Páginas Naranjas del Consumidor
Una mesa redonda sobre la protección de los consumidores abre el ciclo Derecho y Sociedad organizado por la Fundación Mariano Ruiz-Funes. El martes, 4 de octubre, a partir de las 19:30 horas en el salón de actos del Museo Arqueológico, en Murcia.
Los problemas derivados de la prestación de determinados servicios, especialmente los ofrecidos por operadoras de telefonía (facturación incorrecta, servicios no contratados o modificación unilateral del contrato), productos defectuosos o las garantías del vendedor y del fabricante son algunos de los asuntos que se analizarán en la mesa redonda. También se abordará el sistema arbitral de consumo.
Las ponencias corren a cargo de Ignacio Pérez de Ontiveros, Jefe del Servicio de Arbitraje de Consumo de la CARM; María Antonia García, abogada y árbitro de consumo y Carmen Leonor García Pérez, profesora de Derecho Civil en la Murcia, quien se ha encargado también de la coordinación de la mesa redonda.
El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha resaltado la necesidad de reformar la Constitución española, ya que «es la mejor forma de garantizar su perdurabilidad y eficacia y de renovar el consenso social que la legitima».
Tras puntualizar que dicha reforma «debe ser el resultado de un proceso de debate y reflexión sosegado» y fruto de una «amplia negociación política que intente repetir los consensos alcanzados en 1978», Pérez de los Cobos ha manifestado que «hoy no existen las premuras que existían en 1978, ya que tenemos una Constitución que funciona adecuadamente» pero ha hecho un llamamiento a evitar «los errores en los que se incurrió: dejar el modelo territorial permanentemente abierto e inacabado en la definición de sus elementos estructurales y lo que es peor, al albur del juego partidario».
Así lo ha manifestado en el transcurso de la conferencia que ha pronunciado el lunes 26 de septiembre en el marco de la nueva programación de actividades de la Fundación Mariano Ruiz-Funes.
Pérez de los Cobos ha afirmado que «la definición del modelo de autonomías se ha visto sometida al juego partidario». Tras comentar las pautas que deben regir ese proceso de reforma, considera que quizás la urgencia y premura con la que algunos plantean esta reforma «no sea para tanto».
«Los tiempos de reforma son una garantía de acierto pero la envergadura de la reforma debe ser limitada y focalizada sobre aquellos aspectos que la precisen y sobre los que sea factible un acuerdo», ha explicado, para después incidir en que «son muchos los aspectos en los que la Constitución funciona adecuadamente».
En esta línea, ha subrayado que la reforma de la Constitución «para perfeccionar el texto vigente enmendado» sólo debe ser para «aquellos extremos en los que resulte necesario y factible».
Así, propone «clarificar en la Constitución la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades, de manera que se mejore la eficiencia en el ejercicio de la actividad de los poderes públicos y se reduzca la excesiva conflictividad institucional».
Además de «diseñar un sistema que determine quién puede desempeñar más adecuadamente las funciones de que se trata y ofrezca al titular de la competencia la seguridad jurídica que necesita para hacerlo».
Pérez de los Cobos también ha hablado sobre el proceso soberanista de Cataluña, en el que el TC «ha visto en el derecho a decidir una aspiración defendible», aunque ha recordado que la primacía de la Constitución «no puede confundirse con la exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental».
Ha puntualizado que el planteamiento de estas concepciones que pretenda modificar el fundamento del orden constitucional «tiene cabida en el ordenamiento, pero siempre y cuando se haga respetando los principios y reglas de la Constitución». «El TC exige que se haga desde el respeto a la Constitución y a la ley y no ignorando uno y otro», ha subrayado.
Sobre este tema, considera que los pronunciamiento del Tribunal Constitucional «han sido los que cabría esperar de un órgano que tiene encomendada como principal función la defensa de la Constitución, que l soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.».
