Alta asistencia a la segunda sesión del ciclo Sociedad y Derecho

Mesa Violencia 2

Segunda sesión del ciclo Sociedad y Derecho dedicada a analizar las crisis familiares en los juzgados de violencia de género. Con notable asistencia de público, que abarrotó el salón de actos del Museo Arqueológico de Murcia, las dos ponentes invitadas realizaron un pormenorizado análisis de la actividad de uno de los juzgados de violencia de género existentes en la Región.

Mesa Violencia 3Los ponentes de la mesa redonda celebrada el martes 25 de octubre fueron Concepción López Gómez, fiscal del Juzgado nº 2 de violencia de género de Murcia, y Fátima Saura Castillo, magistrada del mismo órgano judicial. Actuó de moderadora Carmen Leonor García Pérez, profesora titular de Derecho Civil en Universidad de Murcia, quien se encargó además de la coordinación del debate. García Pérez aludió en su presentación al firme compromiso de las dos ponentes en la lucha contra la violencia de género, que les ha hecho merecedoras de diversos galardones, así como a la labor divulgativa y de concienciación que realizan fuera de la sede judicial, con charlas en institutos y otros centros educativos y ciudadanos.

Concepción López y Fátima Saura ofrecieron en sus intervenciones un minucioso recorrido por la legislación que determina sus respectivas actuaciones como fiscal y como juez, abordando el análisis desde las perspectivas penal y civil, ya que los juzgados de violencia de género se consideran como mixtos el entender de ambos campos jurídicos.

Concepción López se detuvo especialmente en trazar la evolución de la legislación española en la materia, que ha tenido su hito próximo más relevante en la ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en los últimos días de 2014. La sucesión de normas jurídicas han tenido como objetivo del legislador incrementar la protección de la mujer.

Por su parte, la magistrada empleó su turno en explicar qué es y cómo funciona la orden de protección, haciendo hincapié en su condición de estatuto integral dirigido a preservar la integridad de las posibles víctimas y que contempla un conjunto de medidas que van mucho más allá de la mera orden de alejamiento. También aludió al papel de los hijos en los casos de violencia en el entorno familiar y puso de manifiesto el celo que se sigue en los juzgados especializados para su protección. También se mostró partidaria de restituir la figura de la mediación en los procedimientos de violencia de género, que en su opinión podría ser un mecanismo de prevención válido en determinados casos.

Asimismo hizo una encendida defensa de los puntos de encuentro familiar, que consideró herramientas muy valiosas para garantizar la correcta entrega y recogida de los menores por parte de sus padres y que permite, además, observar la relación afectiva entre hijos y progenitores, lo que ofrece información complementaria a los profesionales judiciales encargados de resolver los casos de crisis familiares.

Para saber más

Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Observatorio de violencia doméstica y de género

 

Crisis de familia en los juzgados de violencia de género

Violencia-de-Género

Continúa el ciclo Derecho y Sociedad que organiza la Fundación Mariano Ruiz-Funes. En esta ocasión, el asunto que será analizado por los expertos es el de las crisis familiares en los juzgados de violencia de género. El martes 25 de octubre, a las 19:00 horas, en el salón de actos del Museo Arqueológico de Murcia.

La competencia en materia de crisis del matrimonio corresponde por regla general a los juzgados de familia, dentro de los cuales se adoptan todo tipo de medidas tendentes a ordenar la ruptura del matrimonio (bien sea por cese de la convivencia, separación), bien por ruptura del vínculo (nulidad y divorcio), tales como guarda y custodia de los hijos, atribución de la vivienda familiar, distribución de las cargas familiares, pensiones alimenticias, etc.

Para el supuesto de que exista una denuncia por el delito de violencia de género, dicha competencia y la adopción de medidas corresponde a los juzgados de violencia de género. Se examinará cuándo existe un delito de violencia de género y las consecuencias específicas que en crisis familiares se pueden adoptar.

A ello se añade que todas estas cuestiones no solo se deciden en los juzgados de violencia de género cuando la pareja esté casada, sino que se extiende, de igual forma, a los convivientes de hecho.

Los ponentes de la mesa redonda son Fátima Saura Castillo, magistrada del Juzgado nº 2 de violencia de género; Concepción López Gómez, fiscal del mismo juzgado, y Carmen Leonor García Pérez, profesora titular de Derecho Civil en Universidad de Murcia, quien se encarga además de la coordinación del debate.

Mesa redonda: Protección del consumidor.

Ciclo Derecho y Sociedad

La defensa de los derechos de consumidores y usuarios

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Consumidores y usuarios disponen de útiles y variadas herramientas para defender sus derechos antes posibles abusos de las empresas que comercializan productos y servicios. Sin embargo, es preciso incrementar el conocimiento entre los ciudadanos de tales instrumentos, creados para que puedan ejercer una eficaz defensa de sus intereses.

Mesa Consumo 2Este fue uno de los argumentos expuestos en la mesa redonda sobre la protección del consumidor, que el martes 4 de octubre abrió el ciclo Derecho y Sociedad que organiza la Fundación Mariano Ruiz Funes. Antes del inicio de las intervenciones de los tres ponentes invitados en esta ocasión, tanto la secretaria de la Consejería de Presidencia, María Robles, en representación de uno de los tres patronos de la Fundación (junto con Colegio de Abogados y Universidad de Murcia), como el nuevo director, Pedro Luis Salazar, aludieron al nuevo rumbo que a partir de este curso toma la institución, que pretende abrirse más a la sociedad de murciana mediante el impulso de actos públicos como el citado ciclo.

La mesa redonda contó con tres ponentes expertos en la materia que se sometía a debate: María Antonia García, abogada especialista en la defensa de consumidores y usuarios; Ignacio Pérez de Ontiveros, presidente de la Junta Arbitral de Consumo,  y Carmen Leonor García Pérez, profesora de Derecho Civil y vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, quien también se encargó de coordinar el debate.

María Antonia García relató su experiencia como defensora de los derechos de los consumidores y su trayectoria vinculada a asociaciones ciudadanos de este ámbito. Fue la primera en resaltar la importancia de que consumidores y usuarios reciban una correcta y completa información sobre los productos que compran y los servicios que contratan y, al mismo tiempo, de los derechos que les asisten. “La información es básica para que los consumidores tomen sus decisiones de forma adecuada”, afirmó.

La primera ponente pormenorizó las actividades que generan mayores quejas por parte de consumidores y usuarios, encabezadas por la telefonía móvil. “Los abusos hacia los consumidores se agudizan con la contratación telefónica”, señaló, ya que se hurta información a las personas que pretenden realizar un contrato, por lo que insistió en la conveniencia de pedir a las compañías las condiciones particulares del compromiso contractual y guardar toda la documentación por si surgen problemas posteriores.

En su intervención, María Antonio García aludió también a sectores como banca y seguros, que no están adheridos a las juntas arbitrales, sanidad privada, tintorerías o electrodomésticos.

Ignacio Pérez de Ontiveros, por su parte, se detuvo en analizar el funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Consumo y, muy especialmente, la de la Región de Murcia, constituida hace ya treinta años y que cuenta con más de 9.700 empresas adheridas. Resaltó que estos organismos están orientados a resolver de forma extrajudicial las controversias entre los ciudadanos y las empresas que comercializan productos y servicios. Las decisiones de las Juntas tienen carácter vinculante para las partes y están basadas en la equidad, ya que los árbitros de consumo adoptan las soluciones que consideran más justas. Se trata, en suma, de un procedimiento gratuito, sencillo y rápido (nunca, salvo excepciones, de más de dos meses) para resolver las divergencias entre consumidores y empresas.

El presidente de la Junta Arbitral de Consumo aludió también al esfuerzo que realizan las profesionales de la Administración Regional para incrementar y mejorar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos para la defensa de sus derechos. En esa línea citó el arbitraje virtual (AVIR), implantado desde 2010 en quince municipios de la Región, que permite celebrar los actos de arbitraje mediante videoconferencia, lo que evita los desplazamientos de los interesados. También se refirió a la aplicación Cómo va lo mío, que facilita a los ciudadanos información online en tiempo real sobre el estado de la tramitación de las reclamaciones sobre consumo que tengan presentadas.

Cerró la mesa redonda la profesora Carmen Leonor García Pérez, quien realizó un pormenorizado y crítico análisis de los registros de incumplimiento de obligaciones dinerarias, mucho más conocidos por la denominación de registros de morosos, que son manejados por empresas privadas. A pesar de que están regulados normativamente, la ponente opinó que el empleo de tales registros por parte de las grandes compañías, especialmente las prestadoras de servicios, tiene un carácter abusivo. Apoyó este argumento citando las numerosas sentencias de los órganos superiores de justicia españoles que han dado la razón a ciudadanos incluidos indebidamente en tales registros.

Según García Pérez, los derechos de los ciudadanos más nítidamente afectados por la posible inclusión de sus nombres en los registros de morosos son la difusión de datos personales sin consentimiento previo y los indudables daños en el honor de las personas. A este respecto, recordó que los tribunales han emitido ya numerosas sentencias que incluyen indemnizaciones por parte de las empresas a los ciudadanos cuyo honor se ha visto lesionado.

Para saber más

*Junta Arbitral de Consumo. Región de Murcia

*Páginas Naranjas del Consumidor

*Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

 

Mesa redonda: Crisis familiares en Juzgados de violencia de género.

Ciclo Derecho y Sociedad