Trabajo para todos, sí, pero trabajo digno, estable y con derechos. Esta reflexión puede servir como resumen de las opiniones vertidas en la mesa redonda sobre las perspectivas del empleo en España organizada por la Fundación Mariano Ruiz-Funes dentro del ciclo Derecho y Sociedad.

Los debates en torno a asuntos de interés para los ciudadanos que impulsa la Fundación se reanudaron el miércoles, 22 de marzo, con una atractiva mesa redonda en torno a las acciones que deberán emprender el nuevo Gobierno estatal y las fuerzas parlamentarias para superar el reto de más preocupa a los españoles: la creación de empleo digno y estable.

En el encuentro participaron Faustino Cavas Martínez, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Murcia. Vocal del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia;  M. Carmen Sánchez Trigueros, profesora titular (acreditada a catedrática) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Murcia. Directora General de los Foros Aranzadi Social,  José Luján Alcaraz, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Murcia, Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo y presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. La coordinación corrió a cargo de Guillermo Rodríguez Iniesta, director de la Escuela de Práctica Laboral de la Universidad de Murcia.

La intervención introductoria fue efectuada por Faustino Cavas, quien describió pormenorizadamente la situación actual del empleo en España y su evolución desde 2008, momento en dio comienzo la asoladora crisis económica internacional. Recordó Cavas que desde el comienzo de la crisis se han destruido en España más de tres millones de empleos, en una tendencia devastadora que no comenzó a detenerse hasta el segundo semestre de 2013.

A comienzos de 2013, el número de parados en el país superaba los seis millones. Desde entonces, esa cifra se ha reducido en una media aproximada de medio millón de personas al año, situándose en 4.23 millones (datos EPA) al cierre de 2016, con 3,7 millones de demandantes de empleo registrados en las oficinas del SEPE.

Analizando estas cifras, Cavas precisó que este sensible recorte del desempleo en los últimos cuatro años no se ha traducido en un incremento similar de la ocupación. Recordó que en España solo cuenta ahora con 350.000 ocupados más que en 2011. La explicación hay que buscarla en la sensible caída de la población activa, que descendido en un 2,96 por ciento en el último lustro. Desde finales de 2011, cerca de 700.000 personas han renunciado a incorporarse al mercado de trabajo, abandonando el país para buscar empleo en otros lugares, adelantando la jubilación o arrojando la toalla desesperados por una ocupación laboral que nunca llega.

Faustino Cavas dedicó parte de su intervención a analizar las medidas puestas en marcha en febrero de 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de mejorar el empleo y que han estado rodeadas, todavía hoy, de notables controversias.

Pormenorizó asimismo las diferentes situaciones que caracterizan el sistema laboral español actual, deteniéndose especialmente en el paro crónico, devaluación salarial, el trabajo a tiempo parcial y la contratación temporal. Respecto a esta última, puso de relieve -utilizando datos del propio Ministerio de Empleo- la inestabilidad que preside el mercado laboral español derivada del flujo de la contratación y de la intensa rotación en el empleo, “con sus consecuencias perjudiciales para la calidad del trabajo, la formación y los derechos de los trabajadores, así como para las necesidades de mejora de la productividad y competitividad de nuestra economía y de las empresas”, afirmó.

Situándose ya en el tiempo presente, Cavas detalló las propuestas concretas en torno al empleo contenidas en el pacto de investidura suscrito entre Partido Popular y Ciudadanos, que finalmente ha permitido gobernar a Mariano Rajoy. Cabe destacar, entre otras, la reducción a tres el número de modalidades de contrato (indefinido, temporal con indemnización creciente y de formación) y una especial atención para que el vínculo laboral temporal no sea utilizado de forma torcida o abusiva.

También figuran entre los compromisos de investidura la adaptación del mercado nacional de trabajo a la denominada cuarta revolución industrial, mediante ayudas para la integración en el mundo digital; la promoción activa de la igualdad de género en las empresas o la supresión de incentivos para tratar de corregir los excesos derivados de la contratación temporal.

Una vez descrito por Faustino Cavas el panorama general del empleo en España y las acciones deseables para su mejora, los otros dos ponentes profundizaron en aspectos singulares del mercado de trabajo: conciliación laboral y racionalización de horarios, por una parte, y trabajo y nuevas tecnologías, por otro.

M.Carmen Sánchez Trigueros profundizó en la proposición no de ley aprobada el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a ampliar el permiso de paternidad e instaurar la jornada laboral hasta las 18 horas para los funcionarios y empleados, entre otros aspectos.

Además, la citada proposición reclama un plan de igualdad efectivo entre hombres y mujeres en lo relativo a la ordenación del tiempo de trabajo y flexibilidad de horarios, así como la creación de escuelas infantiles en los centros laborales, tanto públicos como privados, o la puesta en marcha de campañas que muestren los beneficios de la conciliación y un reparto de tareas justo y corresponsable. También se defiende conceder una prestación no contributiva por maternidad de seis semanas a las mujeres demandantes de empleo que tengan un hijo y reconocer a todas las madres un «bonus» de dos años de cotización por cada hijo.

Asimismo, propone incentivar a las empresas que implanten un «horario racional» otorgándoles una valoración positiva adicional en cuanto a ofertas de contratación pública o deducciones en el impuesto de Sociedades y una nueva regulación del teletrabajo.

También quiere promover la implantación de horarios racionales fuera del trabajo, impulsando programas de acogida temprana por la mañana en los colegios, promoviendo el acceso al servicio de comedor también durante las vacaciones, generalizando las actividades en horario extraescolar o ampliar el horario en el primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años).

Figuran asimismo otras medidas como abordar con los interlocutores sociales «una nueva regulación del trabajo a tiempo parcial, homologable con la existente en otros países europeos y que recupere su vocación de elemento flexibilizador y ordenador del tiempo de trabajo» e incrementar las actuaciones de la Inspección de Trabajo para «controlar el cumplimiento de la normativa» sobre jornadas y horas extra.

Finalmente, José Luján se introdujo en un campo relativamente novedoso en lo que refiere a regulación y normativa: las nuevas tecnologías y su uso y control por parte de las empresas. Demandó una regulación específica sobre estos aspectos, por ahora solo contemplada en convenios de empresa y aludió a diferentes sentencias del Tribunal Constitucional dictadas desde comienzos de este siglo en la que se establece doctrina, en ocasiones contradictoria, sobre usos adecuados o inadecuados de la tecnología por parte de trabajadores y empresas.

“Hay un gran espacio para la regulación normativa en este campo en España”, señaló Luján, refiriéndose expresamente a la desconexión digital (derecho que debe asistir a los empleados para dejar de responder a mensajes electrónicos cuando concluye su jornada laboral), que, por ejemplo, ya ha sido objeto de legislación específica en Francia de manera muy reciente.

La consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, presidió el jueves 29 de diciembre la reunión del Patronato de la Fundación Mariano Ruiz-Funes, formada por la Comunidad Autónoma, el Colegio de Abogados de Murcia y la Universidad de Murcia, para hacer balance del año que concluye y establecer las principales líneas de acción a desarrollar en 2017.

La consejera destacó la buena acogida de la conferencia del presidente del Tribunal Constitucional con que se inauguró el curso 2016-2017 y de las tres mesas redondas celebradas dentro del ciclo ‘Derecho y sociedad’, actos a los que asistieron “casi 400 personas, que se interesaron por la conferencia sobre el papel del Tribunal Constitucional en el Estado autonómico y por las mesas redondas sobre ciberdelitos, violencia de género y derechos de los consumidores, celebradas durante el último trimestre del año”.

En consecuencia, María Dolores Pagán remarcó que “terminamos el año, y este primera parte del curso, satisfechos por haber conseguido impulsar la Fundación y renovarla en su 25 aniversario”, y anunció un mayor esfuerzo presupuestario que permitirá ampliar la programación con propuesta de “nuevas mesas redondas que aborden temáticas actuales, como son la mediación, las uniones de hecho, los retos del Derecho del Trabajo o el ‘brexit’, entre otros”.

Además, la Fundación Mariano Ruiz-Funes plantea la creación “de un espacio de debate dirigido a profesionales del derecho, con el objetivo de dar una perspectiva en el ámbito regional sobre cuestiones jurídicas nuevas o controvertidas”, explicó la consejera.

En la reunión se abordó también la mejora permanente de la página web y se recordó que en enero será presentado un nuevo número de la publicación ‘Revista Jurídica’, que alcanza su número 51, todo ello encaminado “a seguir apostando por acercar el derecho a la sociedad”, concluyó Pagán.

Las abogadas Ana María Castejón Blázquez, Raquel Gómez, Laura López Pagán y Miriam Guardiola componen el Equipo Safe Teens, una asociación creada para la prevención y protección del menor frente a los peligros de Internet. Entre sus fines también se encuentran la educación y concienciación de padres e hijos sobre el uso responsable y seguro de las redes sociales y las nuevas tecnologías por parte en menores.

El aludido equipo protagonizó la última sesión del ciclo Derecho y Sociedad, organizado por la Fundación Mariano Ruiz Funes. La cita reunió el martes 15 de noviembre a un nutrido grupo de asistentes, que siguió con notable interés el pormenorizado análisis realizado por las cuatro ponentes sobre cuestiones de gran actualidad como ciberacoso, stalking y dating violence, sexting y sextorsión, control de la imagen del menor, suplantación de identidad, grooming,  tecnoadicciones en menores o comunidades peligrosas en línea. También se aludió en la charla, que fue introducida por Helena Rivera, secretaria del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, a los sistemas de control parental, la responsabilidad penal del menor y la responsabilidad civil de los padres.

Las intervenciones arrojaron luz sobre fenómenos sociales muy recientes y cuyo abordaje desde el punto de vista jurídico es aún muy incipiente cuando no inexistente. Así, se explicó en qué consiste el ciberbulling (maltrato que recibe un menor sistemática, continuada y deliberadamente por parte de otro u otros a través de los nuevos soportes tecnológicos) o el stalking (conducta tendente a intentar mantener cualquier tipo de contacto de forma persistente, obsesiva y compulsiva, mediante un acoso persistente, que finalmente derive en daños psíquicos y morales grave para el menor).

También se analizó la dating violence, que define a los comportamientos de control, abuso y violencia física y psíquica en las relaciones de noviazgo, y el grooming, acto delictivo en  el que un adulto contacta con un menor, en ocasiones haciéndose pasar por otra persona, hasta ganarse la confianza de éste obteniendo información y sus datos, que posteriormente suele utilizar para obtener su objetivo, su satisfacción sexual, llegando a coaccionarlo en algunos casos.

Asimismo fue objeto de atención por parte de los ponentes la usurpación y la suplantación de identidad en internet, ofreciéndose algunos consejos para tratar de evitar estas situaciones.

Los últimos aspectos abordados hicieron referencia a comunidades peligrosas en la red, que aglutinan a personas que sin un espacio físico donde reunirse, comparten unas interacciones e inquietudes comunes y que están marcadas porque poseen una identidad en Internet. Las hay de numerosos tipos: hábitos no saludables, violencia y odio, autolesiones y adicciones a juegos y apuestas online

Una última referencia tuvo como objetivo explicar qué es el sexting: envío de imágenes o videos  con contenido de cierto nivel sexual utilizando para ello el teléfono móvil u otros dispositivos como webcams (sex-casting) y producidas por el propio protagonista de la imagen o, en su caso, con su consentimiento

 

Segunda sesión del ciclo Sociedad y Derecho dedicada a analizar las crisis familiares en los juzgados de violencia de género. Con notable asistencia de público, que abarrotó el salón de actos del Museo Arqueológico de Murcia, las dos ponentes invitadas realizaron un pormenorizado análisis de la actividad de uno de los juzgados de violencia de género existentes en la Región.

Los ponentes de la mesa redonda celebrada el martes 25 de octubre fueron Concepción López Gómez, fiscal del Juzgado nº 2 de violencia de género de Murcia, y Fátima Saura Castillo, magistrada del mismo órgano judicial. Actuó de moderadora Carmen Leonor García Pérez, profesora titular de Derecho Civil en Universidad de Murcia, quien se encargó además de la coordinación del debate. García Pérez aludió en su presentación al firme compromiso de las dos ponentes en la lucha contra la violencia de género, que les ha hecho merecedoras de diversos galardones, así como a la labor divulgativa y de concienciación que realizan fuera de la sede judicial, con charlas en institutos y otros centros educativos y ciudadanos.

Concepción López y Fátima Saura ofrecieron en sus intervenciones un minucioso recorrido por la legislación que determina sus respectivas actuaciones como fiscal y como juez, abordando el análisis desde las perspectivas penal y civil, ya que los juzgados de violencia de género se consideran como mixtos el entender de ambos campos jurídicos.

Concepción López se detuvo especialmente en trazar la evolución de la legislación española en la materia, que ha tenido su hito próximo más relevante en la ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en los últimos días de 2014. La sucesión de normas jurídicas han tenido como objetivo del legislador incrementar la protección de la mujer.

Por su parte, la magistrada empleó su turno en explicar qué es y cómo funciona la orden de protección, haciendo hincapié en su condición de estatuto integral dirigido a preservar la integridad de las posibles víctimas y que contempla un conjunto de medidas que van mucho más allá de la mera orden de alejamiento. También aludió al papel de los hijos en los casos de violencia en el entorno familiar y puso de manifiesto el celo que se sigue en los juzgados especializados para su protección. También se mostró partidaria de restituir la figura de la mediación en los procedimientos de violencia de género, que en su opinión podría ser un mecanismo de prevención válido en determinados casos.

Asimismo hizo una encendida defensa de los puntos de encuentro familiar, que consideró herramientas muy valiosas para garantizar la correcta entrega y recogida de los menores por parte de sus padres y que permite, además, observar la relación afectiva entre hijos y progenitores, lo que ofrece información complementaria a los profesionales judiciales encargados de resolver los casos de crisis familiares.

Para saber más

Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Observatorio de violencia doméstica y de género

 

Consumidores y usuarios disponen de útiles y variadas herramientas para defender sus derechos antes posibles abusos de las empresas que comercializan productos y servicios. Sin embargo, es preciso incrementar el conocimiento entre los ciudadanos de tales instrumentos, creados para que puedan ejercer una eficaz defensa de sus intereses.

Este fue uno de los argumentos expuestos en la mesa redonda sobre la protección del consumidor, que el martes 4 de octubre abrió el ciclo Derecho y Sociedad que organiza la Fundación Mariano Ruiz Funes. Antes del inicio de las intervenciones de los tres ponentes invitados en esta ocasión, tanto la secretaria de la Consejería de Presidencia, María Robles, en representación de uno de los tres patronos de la Fundación (junto con Colegio de Abogados y Universidad de Murcia), como el nuevo director, Pedro Luis Salazar, aludieron al nuevo rumbo que a partir de este curso toma la institución, que pretende abrirse más a la sociedad de murciana mediante el impulso de actos públicos como el citado ciclo.

La mesa redonda contó con tres ponentes expertos en la materia que se sometía a debate: María Antonia García, abogada especialista en la defensa de consumidores y usuarios; Ignacio Pérez de Ontiveros, presidente de la Junta Arbitral de Consumo,  y Carmen Leonor García Pérez, profesora de Derecho Civil y vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, quien también se encargó de coordinar el debate.

María Antonia García relató su experiencia como defensora de los derechos de los consumidores y su trayectoria vinculada a asociaciones ciudadanos de este ámbito. Fue la primera en resaltar la importancia de que consumidores y usuarios reciban una correcta y completa información sobre los productos que compran y los servicios que contratan y, al mismo tiempo, de los derechos que les asisten. “La información es básica para que los consumidores tomen sus decisiones de forma adecuada”, afirmó.

La primera ponente pormenorizó las actividades que generan mayores quejas por parte de consumidores y usuarios, encabezadas por la telefonía móvil. “Los abusos hacia los consumidores se agudizan con la contratación telefónica”, señaló, ya que se hurta información a las personas que pretenden realizar un contrato, por lo que insistió en la conveniencia de pedir a las compañías las condiciones particulares del compromiso contractual y guardar toda la documentación por si surgen problemas posteriores.

En su intervención, María Antonio García aludió también a sectores como banca y seguros, que no están adheridos a las juntas arbitrales, sanidad privada, tintorerías o electrodomésticos.

Ignacio Pérez de Ontiveros, por su parte, se detuvo en analizar el funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Consumo y, muy especialmente, la de la Región de Murcia, constituida hace ya treinta años y que cuenta con más de 9.700 empresas adheridas. Resaltó que estos organismos están orientados a resolver de forma extrajudicial las controversias entre los ciudadanos y las empresas que comercializan productos y servicios. Las decisiones de las Juntas tienen carácter vinculante para las partes y están basadas en la equidad, ya que los árbitros de consumo adoptan las soluciones que consideran más justas. Se trata, en suma, de un procedimiento gratuito, sencillo y rápido (nunca, salvo excepciones, de más de dos meses) para resolver las divergencias entre consumidores y empresas.

El presidente de la Junta Arbitral de Consumo aludió también al esfuerzo que realizan las profesionales de la Administración Regional para incrementar y mejorar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos para la defensa de sus derechos. En esa línea citó el arbitraje virtual (AVIR), implantado desde 2010 en quince municipios de la Región, que permite celebrar los actos de arbitraje mediante videoconferencia, lo que evita los desplazamientos de los interesados. También se refirió a la aplicación Cómo va lo mío, que facilita a los ciudadanos información online en tiempo real sobre el estado de la tramitación de las reclamaciones sobre consumo que tengan presentadas.

Cerró la mesa redonda la profesora Carmen Leonor García Pérez, quien realizó un pormenorizado y crítico análisis de los registros de incumplimiento de obligaciones dinerarias, mucho más conocidos por la denominación de registros de morosos, que son manejados por empresas privadas. A pesar de que están regulados normativamente, la ponente opinó que el empleo de tales registros por parte de las grandes compañías, especialmente las prestadoras de servicios, tiene un carácter abusivo. Apoyó este argumento citando las numerosas sentencias de los órganos superiores de justicia españoles que han dado la razón a ciudadanos incluidos indebidamente en tales registros.

Según García Pérez, los derechos de los ciudadanos más nítidamente afectados por la posible inclusión de sus nombres en los registros de morosos son la difusión de datos personales sin consentimiento previo y los indudables daños en el honor de las personas. A este respecto, recordó que los tribunales han emitido ya numerosas sentencias que incluyen indemnizaciones por parte de las empresas a los ciudadanos cuyo honor se ha visto lesionado.

Para saber más

*Junta Arbitral de Consumo. Región de Murcia

*Páginas Naranjas del Consumidor

*Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.