Las abogadas Ana María Castejón Blázquez, Raquel Gómez, Laura López Pagán y Miriam Guardiola componen el Equipo Safe Teens, una asociación creada para la prevención y protección del menor frente a los peligros de Internet. Entre sus fines también se encuentran la educación y concienciación de padres e hijos sobre el uso responsable y seguro de las redes sociales y las nuevas tecnologías por parte en menores.

El aludido equipo protagonizó la última sesión del ciclo Derecho y Sociedad, organizado por la Fundación Mariano Ruiz Funes. La cita reunió el martes 15 de noviembre a un nutrido grupo de asistentes, que siguió con notable interés el pormenorizado análisis realizado por las cuatro ponentes sobre cuestiones de gran actualidad como ciberacoso, stalking y dating violence, sexting y sextorsión, control de la imagen del menor, suplantación de identidad, grooming,  tecnoadicciones en menores o comunidades peligrosas en línea. También se aludió en la charla, que fue introducida por Helena Rivera, secretaria del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, a los sistemas de control parental, la responsabilidad penal del menor y la responsabilidad civil de los padres.

Las intervenciones arrojaron luz sobre fenómenos sociales muy recientes y cuyo abordaje desde el punto de vista jurídico es aún muy incipiente cuando no inexistente. Así, se explicó en qué consiste el ciberbulling (maltrato que recibe un menor sistemática, continuada y deliberadamente por parte de otro u otros a través de los nuevos soportes tecnológicos) o el stalking (conducta tendente a intentar mantener cualquier tipo de contacto de forma persistente, obsesiva y compulsiva, mediante un acoso persistente, que finalmente derive en daños psíquicos y morales grave para el menor).

También se analizó la dating violence, que define a los comportamientos de control, abuso y violencia física y psíquica en las relaciones de noviazgo, y el grooming, acto delictivo en  el que un adulto contacta con un menor, en ocasiones haciéndose pasar por otra persona, hasta ganarse la confianza de éste obteniendo información y sus datos, que posteriormente suele utilizar para obtener su objetivo, su satisfacción sexual, llegando a coaccionarlo en algunos casos.

Asimismo fue objeto de atención por parte de los ponentes la usurpación y la suplantación de identidad en internet, ofreciéndose algunos consejos para tratar de evitar estas situaciones.

Los últimos aspectos abordados hicieron referencia a comunidades peligrosas en la red, que aglutinan a personas que sin un espacio físico donde reunirse, comparten unas interacciones e inquietudes comunes y que están marcadas porque poseen una identidad en Internet. Las hay de numerosos tipos: hábitos no saludables, violencia y odio, autolesiones y adicciones a juegos y apuestas online

Una última referencia tuvo como objetivo explicar qué es el sexting: envío de imágenes o videos  con contenido de cierto nivel sexual utilizando para ello el teléfono móvil u otros dispositivos como webcams (sex-casting) y producidas por el propio protagonista de la imagen o, en su caso, con su consentimiento

 

Segunda sesión del ciclo Sociedad y Derecho dedicada a analizar las crisis familiares en los juzgados de violencia de género. Con notable asistencia de público, que abarrotó el salón de actos del Museo Arqueológico de Murcia, las dos ponentes invitadas realizaron un pormenorizado análisis de la actividad de uno de los juzgados de violencia de género existentes en la Región.

Los ponentes de la mesa redonda celebrada el martes 25 de octubre fueron Concepción López Gómez, fiscal del Juzgado nº 2 de violencia de género de Murcia, y Fátima Saura Castillo, magistrada del mismo órgano judicial. Actuó de moderadora Carmen Leonor García Pérez, profesora titular de Derecho Civil en Universidad de Murcia, quien se encargó además de la coordinación del debate. García Pérez aludió en su presentación al firme compromiso de las dos ponentes en la lucha contra la violencia de género, que les ha hecho merecedoras de diversos galardones, así como a la labor divulgativa y de concienciación que realizan fuera de la sede judicial, con charlas en institutos y otros centros educativos y ciudadanos.

Concepción López y Fátima Saura ofrecieron en sus intervenciones un minucioso recorrido por la legislación que determina sus respectivas actuaciones como fiscal y como juez, abordando el análisis desde las perspectivas penal y civil, ya que los juzgados de violencia de género se consideran como mixtos el entender de ambos campos jurídicos.

Concepción López se detuvo especialmente en trazar la evolución de la legislación española en la materia, que ha tenido su hito próximo más relevante en la ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en los últimos días de 2014. La sucesión de normas jurídicas han tenido como objetivo del legislador incrementar la protección de la mujer.

Por su parte, la magistrada empleó su turno en explicar qué es y cómo funciona la orden de protección, haciendo hincapié en su condición de estatuto integral dirigido a preservar la integridad de las posibles víctimas y que contempla un conjunto de medidas que van mucho más allá de la mera orden de alejamiento. También aludió al papel de los hijos en los casos de violencia en el entorno familiar y puso de manifiesto el celo que se sigue en los juzgados especializados para su protección. También se mostró partidaria de restituir la figura de la mediación en los procedimientos de violencia de género, que en su opinión podría ser un mecanismo de prevención válido en determinados casos.

Asimismo hizo una encendida defensa de los puntos de encuentro familiar, que consideró herramientas muy valiosas para garantizar la correcta entrega y recogida de los menores por parte de sus padres y que permite, además, observar la relación afectiva entre hijos y progenitores, lo que ofrece información complementaria a los profesionales judiciales encargados de resolver los casos de crisis familiares.

Para saber más

Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Observatorio de violencia doméstica y de género

 

Consumidores y usuarios disponen de útiles y variadas herramientas para defender sus derechos antes posibles abusos de las empresas que comercializan productos y servicios. Sin embargo, es preciso incrementar el conocimiento entre los ciudadanos de tales instrumentos, creados para que puedan ejercer una eficaz defensa de sus intereses.

Este fue uno de los argumentos expuestos en la mesa redonda sobre la protección del consumidor, que el martes 4 de octubre abrió el ciclo Derecho y Sociedad que organiza la Fundación Mariano Ruiz Funes. Antes del inicio de las intervenciones de los tres ponentes invitados en esta ocasión, tanto la secretaria de la Consejería de Presidencia, María Robles, en representación de uno de los tres patronos de la Fundación (junto con Colegio de Abogados y Universidad de Murcia), como el nuevo director, Pedro Luis Salazar, aludieron al nuevo rumbo que a partir de este curso toma la institución, que pretende abrirse más a la sociedad de murciana mediante el impulso de actos públicos como el citado ciclo.

La mesa redonda contó con tres ponentes expertos en la materia que se sometía a debate: María Antonia García, abogada especialista en la defensa de consumidores y usuarios; Ignacio Pérez de Ontiveros, presidente de la Junta Arbitral de Consumo,  y Carmen Leonor García Pérez, profesora de Derecho Civil y vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, quien también se encargó de coordinar el debate.

María Antonia García relató su experiencia como defensora de los derechos de los consumidores y su trayectoria vinculada a asociaciones ciudadanos de este ámbito. Fue la primera en resaltar la importancia de que consumidores y usuarios reciban una correcta y completa información sobre los productos que compran y los servicios que contratan y, al mismo tiempo, de los derechos que les asisten. “La información es básica para que los consumidores tomen sus decisiones de forma adecuada”, afirmó.

La primera ponente pormenorizó las actividades que generan mayores quejas por parte de consumidores y usuarios, encabezadas por la telefonía móvil. “Los abusos hacia los consumidores se agudizan con la contratación telefónica”, señaló, ya que se hurta información a las personas que pretenden realizar un contrato, por lo que insistió en la conveniencia de pedir a las compañías las condiciones particulares del compromiso contractual y guardar toda la documentación por si surgen problemas posteriores.

En su intervención, María Antonio García aludió también a sectores como banca y seguros, que no están adheridos a las juntas arbitrales, sanidad privada, tintorerías o electrodomésticos.

Ignacio Pérez de Ontiveros, por su parte, se detuvo en analizar el funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Consumo y, muy especialmente, la de la Región de Murcia, constituida hace ya treinta años y que cuenta con más de 9.700 empresas adheridas. Resaltó que estos organismos están orientados a resolver de forma extrajudicial las controversias entre los ciudadanos y las empresas que comercializan productos y servicios. Las decisiones de las Juntas tienen carácter vinculante para las partes y están basadas en la equidad, ya que los árbitros de consumo adoptan las soluciones que consideran más justas. Se trata, en suma, de un procedimiento gratuito, sencillo y rápido (nunca, salvo excepciones, de más de dos meses) para resolver las divergencias entre consumidores y empresas.

El presidente de la Junta Arbitral de Consumo aludió también al esfuerzo que realizan las profesionales de la Administración Regional para incrementar y mejorar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos para la defensa de sus derechos. En esa línea citó el arbitraje virtual (AVIR), implantado desde 2010 en quince municipios de la Región, que permite celebrar los actos de arbitraje mediante videoconferencia, lo que evita los desplazamientos de los interesados. También se refirió a la aplicación Cómo va lo mío, que facilita a los ciudadanos información online en tiempo real sobre el estado de la tramitación de las reclamaciones sobre consumo que tengan presentadas.

Cerró la mesa redonda la profesora Carmen Leonor García Pérez, quien realizó un pormenorizado y crítico análisis de los registros de incumplimiento de obligaciones dinerarias, mucho más conocidos por la denominación de registros de morosos, que son manejados por empresas privadas. A pesar de que están regulados normativamente, la ponente opinó que el empleo de tales registros por parte de las grandes compañías, especialmente las prestadoras de servicios, tiene un carácter abusivo. Apoyó este argumento citando las numerosas sentencias de los órganos superiores de justicia españoles que han dado la razón a ciudadanos incluidos indebidamente en tales registros.

Según García Pérez, los derechos de los ciudadanos más nítidamente afectados por la posible inclusión de sus nombres en los registros de morosos son la difusión de datos personales sin consentimiento previo y los indudables daños en el honor de las personas. A este respecto, recordó que los tribunales han emitido ya numerosas sentencias que incluyen indemnizaciones por parte de las empresas a los ciudadanos cuyo honor se ha visto lesionado.

Para saber más

*Junta Arbitral de Consumo. Región de Murcia

*Páginas Naranjas del Consumidor

*Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

 

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, abre el lunes 26 de septiembre la nueva programación de actividades de la Fundación Mariano Ruiz-Funes con la conferencia ‘El papel del Tribunal Constitucional en el Estado Autonómico’. La institución que fomenta el estudio del Derecho quiere relanzar su actividad abordando asuntos de la máxima actualidad y hacerlos accesibles a la sociedad.

Así lo anunciaron la consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, y los decanos del Colegio Oficial de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, David Morillas, en la presentación de la programación que han diseñado para el curso 2016/2017 en el que la Fundación cumple su 25 aniversario.

María Dolores Pagán explicó que los patronos de la Fundación tienen la “voluntad unánime de darle un renovador impulso, poniendo el acento en el afán divulgativo y de aproximación del Derecho a la sociedad”. Para ello se ha diseñado una nueva página web “más atractiva, completa y accesible” que recoge la actividad de la institución y también estrena perfil en las principales redes sociales.

La Fundación Mariano Ruiz-Funes es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1991 con la participación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Universidad de Murcia y el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia. Entre sus publicaciones, ocupa un lugar destacado la ‘Revista Jurídica de la Región de Murcia’, editada por la Fundación, que ha alcanzado recientemente su número 50.

Esta nueva etapa que inicia la Fundación coincide con el nombramiento del abogado Pedro Luis Salazar Quereda como director de la institución. Salazar Quereda, experto en Derecho Laboral/Seguridad Social y Penal, está estrechamente vinculado a la Fundación en su doble calidad de vocal y de miembro del Consejo de Redacción de la Revista Jurídica.

Actividades 2016/2017

La institución quiere aprovechar su aniversario para ser mucho más útil y próxima a los profesionales del derecho de la Región y los jurídicos de la Administración pública, así como a diferentes sectores profesionales de la Región en el ámbito del derecho y de la empresa, además de los colectivos sociales más representativos de la sociedad murciana.

Con el objetivo de acercar la sociedad al mundo del derecho, ayudar a los ciudadanos a superar la barrera de los tecnicismos propios del lenguaje jurídico y facilitar su participación activa, la Fundación Mariano Ruiz-Funes pone en marcha en el curso 2016/2017 el ciclo ‘Derecho y Sociedad’, consistente en mesas redondas y charlas divulgativas sobre asuntos de interés para la ciudadanía.

Cuestiones como la administración electrónica o las diversas fórmulas de la mediación en las relaciones económicas y jurídicas son algunas de las materias sobre las que la Fundación se propone iniciar su labor divulgativa.

Para los dos próximos meses ya se han programado cuatro mesas redondas del ciclo, en torno a protección del consumidor, crisis familiares y violencia de género, ciberdelitos y treinta aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea. Toda la información referida a estas actividades estará disponible en la sección agenda de la nueva página web.

En meses posteriores, está previsto realizar igualmente mesas redondas sobre la cultura de la mediación, pensiones o los retos del Derecho del Trabajo en la próxima Legislatura nacional. Asimismo se están diseñando actividades de formación dirigidas exclusivamente a centros escolares con el fin de implicar a los jóvenes estudiantes para que vayan familiarizándose con derecho autonómico, a través de las nuevas tecnologías o incluso juegos de rol.

Además la Fundación también va a reforzar las actividades de cooperación con otras instituciones jurídicas: Academia de Legislación y Jurisprudencia, el Consejo Jurídico y el Consejo Económico y Social, entre otros.