Trabajo para todos, sí, pero trabajo digno, estable y con derechos. Esta reflexión puede servir como resumen de las opiniones vertidas en la mesa redonda sobre las perspectivas del empleo en España organizada por la Fundación Mariano Ruiz-Funes dentro del ciclo Derecho y Sociedad.

Los debates en torno a asuntos de interés para los ciudadanos que impulsa la Fundación se reanudaron el miércoles, 22 de marzo, con una atractiva mesa redonda en torno a las acciones que deberán emprender el nuevo Gobierno estatal y las fuerzas parlamentarias para superar el reto de más preocupa a los españoles: la creación de empleo digno y estable.

En el encuentro participaron Faustino Cavas Martínez, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Murcia. Vocal del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia;  M. Carmen Sánchez Trigueros, profesora titular (acreditada a catedrática) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Murcia. Directora General de los Foros Aranzadi Social,  José Luján Alcaraz, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Murcia, Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo y presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. La coordinación corrió a cargo de Guillermo Rodríguez Iniesta, director de la Escuela de Práctica Laboral de la Universidad de Murcia.

La intervención introductoria fue efectuada por Faustino Cavas, quien describió pormenorizadamente la situación actual del empleo en España y su evolución desde 2008, momento en dio comienzo la asoladora crisis económica internacional. Recordó Cavas que desde el comienzo de la crisis se han destruido en España más de tres millones de empleos, en una tendencia devastadora que no comenzó a detenerse hasta el segundo semestre de 2013.

A comienzos de 2013, el número de parados en el país superaba los seis millones. Desde entonces, esa cifra se ha reducido en una media aproximada de medio millón de personas al año, situándose en 4.23 millones (datos EPA) al cierre de 2016, con 3,7 millones de demandantes de empleo registrados en las oficinas del SEPE.

Analizando estas cifras, Cavas precisó que este sensible recorte del desempleo en los últimos cuatro años no se ha traducido en un incremento similar de la ocupación. Recordó que en España solo cuenta ahora con 350.000 ocupados más que en 2011. La explicación hay que buscarla en la sensible caída de la población activa, que descendido en un 2,96 por ciento en el último lustro. Desde finales de 2011, cerca de 700.000 personas han renunciado a incorporarse al mercado de trabajo, abandonando el país para buscar empleo en otros lugares, adelantando la jubilación o arrojando la toalla desesperados por una ocupación laboral que nunca llega.

Faustino Cavas dedicó parte de su intervención a analizar las medidas puestas en marcha en febrero de 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de mejorar el empleo y que han estado rodeadas, todavía hoy, de notables controversias.

Pormenorizó asimismo las diferentes situaciones que caracterizan el sistema laboral español actual, deteniéndose especialmente en el paro crónico, devaluación salarial, el trabajo a tiempo parcial y la contratación temporal. Respecto a esta última, puso de relieve -utilizando datos del propio Ministerio de Empleo- la inestabilidad que preside el mercado laboral español derivada del flujo de la contratación y de la intensa rotación en el empleo, “con sus consecuencias perjudiciales para la calidad del trabajo, la formación y los derechos de los trabajadores, así como para las necesidades de mejora de la productividad y competitividad de nuestra economía y de las empresas”, afirmó.

Situándose ya en el tiempo presente, Cavas detalló las propuestas concretas en torno al empleo contenidas en el pacto de investidura suscrito entre Partido Popular y Ciudadanos, que finalmente ha permitido gobernar a Mariano Rajoy. Cabe destacar, entre otras, la reducción a tres el número de modalidades de contrato (indefinido, temporal con indemnización creciente y de formación) y una especial atención para que el vínculo laboral temporal no sea utilizado de forma torcida o abusiva.

También figuran entre los compromisos de investidura la adaptación del mercado nacional de trabajo a la denominada cuarta revolución industrial, mediante ayudas para la integración en el mundo digital; la promoción activa de la igualdad de género en las empresas o la supresión de incentivos para tratar de corregir los excesos derivados de la contratación temporal.

Una vez descrito por Faustino Cavas el panorama general del empleo en España y las acciones deseables para su mejora, los otros dos ponentes profundizaron en aspectos singulares del mercado de trabajo: conciliación laboral y racionalización de horarios, por una parte, y trabajo y nuevas tecnologías, por otro.

M.Carmen Sánchez Trigueros profundizó en la proposición no de ley aprobada el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a ampliar el permiso de paternidad e instaurar la jornada laboral hasta las 18 horas para los funcionarios y empleados, entre otros aspectos.

Además, la citada proposición reclama un plan de igualdad efectivo entre hombres y mujeres en lo relativo a la ordenación del tiempo de trabajo y flexibilidad de horarios, así como la creación de escuelas infantiles en los centros laborales, tanto públicos como privados, o la puesta en marcha de campañas que muestren los beneficios de la conciliación y un reparto de tareas justo y corresponsable. También se defiende conceder una prestación no contributiva por maternidad de seis semanas a las mujeres demandantes de empleo que tengan un hijo y reconocer a todas las madres un «bonus» de dos años de cotización por cada hijo.

Asimismo, propone incentivar a las empresas que implanten un «horario racional» otorgándoles una valoración positiva adicional en cuanto a ofertas de contratación pública o deducciones en el impuesto de Sociedades y una nueva regulación del teletrabajo.

También quiere promover la implantación de horarios racionales fuera del trabajo, impulsando programas de acogida temprana por la mañana en los colegios, promoviendo el acceso al servicio de comedor también durante las vacaciones, generalizando las actividades en horario extraescolar o ampliar el horario en el primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años).

Figuran asimismo otras medidas como abordar con los interlocutores sociales «una nueva regulación del trabajo a tiempo parcial, homologable con la existente en otros países europeos y que recupere su vocación de elemento flexibilizador y ordenador del tiempo de trabajo» e incrementar las actuaciones de la Inspección de Trabajo para «controlar el cumplimiento de la normativa» sobre jornadas y horas extra.

Finalmente, José Luján se introdujo en un campo relativamente novedoso en lo que refiere a regulación y normativa: las nuevas tecnologías y su uso y control por parte de las empresas. Demandó una regulación específica sobre estos aspectos, por ahora solo contemplada en convenios de empresa y aludió a diferentes sentencias del Tribunal Constitucional dictadas desde comienzos de este siglo en la que se establece doctrina, en ocasiones contradictoria, sobre usos adecuados o inadecuados de la tecnología por parte de trabajadores y empresas.

“Hay un gran espacio para la regulación normativa en este campo en España”, señaló Luján, refiriéndose expresamente a la desconexión digital (derecho que debe asistir a los empleados para dejar de responder a mensajes electrónicos cuando concluye su jornada laboral), que, por ejemplo, ya ha sido objeto de legislación específica en Francia de manera muy reciente.